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El SAT iniciará inspecciones en los hogares para revisar el estado fiscal de los contribuyentes

Autoridades fiscales comenzarán operativos presenciales destinados a verificar declaraciones y obligaciones pendientes, en especial dentro del sector de personas retiradas.

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El Servicio de Administración Tributaria pondrá en marcha un operativo en todo el territorio nacional, con el objetivo de supervisar el cumplimiento de las responsabilidades tributarias. Esta medida incluye controles presenciales a los hogares de quienes forman parte del grupo de adultos mayores.

Según lo previsto, este tipo de procedimientos administrativos permite a las autoridades federales realizar verificaciones directamente en los domicilios de los contribuyentes. La edad no exime a las personas de estas revisiones, por lo que aquellos retirados que aún tributan podrían recibir la visita de los inspectores fiscales.

El alcance de estos operativos abarca a contribuyentes activos, responsables solidarios y allegados vinculados a la situación fiscal investigada. En caso de encontrar inconsistencias en las declaraciones, los agentes procederán con las sanciones correspondientes. Los jubilados y pensionados pueden solicitar apoyo legal sin cargo, una garantía esencial para la validez del procedimiento.

Además, quienes sean revisados tienen derecho a ser informados desde el inicio sobre sus garantías y obligaciones, a recibir la Carta de los Derechos del Contribuyente Auditado y a regularizar su situación mediante declaraciones. También existe la opción de dar por concluida la inspección antes de tiempo si se acredita el cumplimiento, siempre que hayan pasado al menos tres meses desde su inicio.

El SAT dispone de un plazo de hasta seis meses para definir si existen montos adeudados. Si transcurre ese lapso sin resolución, se entenderá que no hay deudas por el período revisado. Esto brinda certidumbre a quienes son objeto de las visitas. Por otra parte, los agentes del organismo podrán solicitar documentos, registros y bienes durante su visita al domicilio fiscal o comercial. Si hallan anomalías, el resultado podría ser la fijación de un crédito fiscal o la aplicación de multas según lo establecen las normativas vigentes.

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