Atención conductores: podrán incautar autos y abrir causas penales por infracciones graves
Una nueva normativa cambia el esquema de sanciones y afecta de lleno a quienes usan el vehículo para maniobras peligrosas, con impacto directo en su patrimonio.
Una reforma legal encendió la alarma entre miles de conductores en Estados Unidos. El estado de California puso en marcha una normativa que eleva de manera considerable las penas para quienes cometan faltas graves al volante, con consecuencias que van mucho más allá de una simple multa.
La medida habilita a la Justicia a avanzar sobre los vehículos involucrados en conductas de alto riesgo. A partir de ahora, además de suspensiones de licencia, los jueces podrán autorizar la incautación temporal de autos y la apertura de procesos penales cuando se compruebe el uso indebido del rodado.
El cambio quedó formalizado con la entrada en vigencia de la Ley AB 3085, conocida como Ley Gipson. Firmada por el gobernador Gavin Newsom, la iniciativa apunta a combatir el automovilismo ilegal y, en especial, los llamados street takeovers, que incluyen carreras clandestinas, cortes de calles y maniobras extremas.
Según las autoridades, el nuevo enfoque busca frenar hechos que ya provocaron accidentes fatales y daños en barrios enteros. Por eso, el eje pasó de sanciones económicas a castigos que afectan directamente los bienes y el historial judicial de los infractores.
La normativa detalla qué acciones pueden derivar en la confiscación de un auto. Entre ellas aparecen las carreras callejeras, los derrapes intencionales o “donuts”, los bloqueos de vías públicas para acrobacias y la conducción temeraria, definida como manejar sin considerar la seguridad de personas o propiedades.
También quedan alcanzados quienes organizan o promueven estos eventos ilegales. La ley contempla agravantes para reincidentes, para quienes se nieguen a detenerse ante la Policía y para los que faciliten este tipo de prácticas.
En cuanto a las penas, el vehículo puede quedar retenido por decisión judicial tras una audiencia. A eso se suman gastos de acarreo y depósito, posibles suspensiones del registro y antecedentes penales, con plazos de incautación que pueden extenderse más de 30 días según el caso.
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